La concesionaria Aguakan interpuso una demanda de amparo contra el decreto aprobado por el Congreso del Estado que deja sin efectos la ampliación de la concesión del suministro de agua potable y el servicio de alcantarillado en diversos municipios del norte de Quintana Roo.
El Juzgado Octavo de Distrito, de Cancún, recibió el escrito inicial de la demanda y solicitó los informes previos a la legislatura para determinar si concede la suspensión provisional en una audiencia incidental programada para el 4 de enero, según el expediente 1323/2023 de amparo indirecto.
En caso de que el particular sea beneficiado con la suspensión, quedará sin efectos legales, mientras se resuelve todo el juicio, el decreto 195 aprobado por el Congreso del Estado de Quintana Roo el pasado 22 de diciembre, que da por terminada la concesión en los municipios de Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad e Isla Mujeres.
De acuerdo con el extracto del expediente de amparo indirecto al que se tuvo acceso, Aguakan alega que con la aprobación del decreto 195, le fueron vulnerados derechos constitucionales otorgados por ocho artículos de la Carta Magna. Se le violaron la protección de impartición de justicia, actos de molestia, debido proceso y retroactividad de aplicación de leyes.
Hasta ahora, el citado órgano jurisdiccional no ha dado a conocer la fecha para la celebración de la audiencia constitucional, que deberá resolver todo el juicio, el cual se espera se prolongue por varios meses.
Aguakan cumplió nueve años en este mes de diciembre de brindar el servicio en el municipio de Solidaridad, luego de la aprobación del Cabildo local para permitir su entrada y la ratificación del Congreso que, finalmente, dio pie al decreto que la actual legislatura abrogó.
Esta es la primera acción legal que promueve el particular, aunque en los siguientes meses podrían surgir otras por la vía administrativa y civil.
