Los denunciantes, quienes buscan la protección de la justicia federal ante actos que afectan directamente a su territorio, su entorno ambiental y sus derechos como comunidad
Integrantes del colectivo Salvemos Mahahual y Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), informaron que la jueza Eugenia Maritza Valencia Hernández, del Juzgado Primero de Distrito con sede en Chetumal, no admitió los amparos promovidos por ocho ciudadanos de Mahahual, en contra del proyecto Perfect Day, incurriendo en contradicciones judiciales en la aplicación de argumentos jurídicos.
Representantes de DMAS anticiparon que van a meter recursos de queja, contra esos desechamientos.
Los denunciantes, quienes buscan la protección de la justicia federal ante actos que afectan directamente a su territorio, su entorno ambiental y sus derechos como comunidad, explicaron que en el primer amparo, la jueza consideró que la modificación al Programa de Desarrollo Urbano (PDU), constituía un acto administrativo, criterio bajo el cual la Ley de Amparo establece un plazo de 15 días, que debe contarse a partir del momento en que las personas afectadas tienen conocimiento del acto.
No obstante, en el segundo y tercer amparo, la misma jueza modificó el criterio jurídico aplicado al mismo hecho al tratar la modificación al PDU como si fuera una ley, lo que implica un plazo distinto: 30 días contados desde su publicación oficial.
Representes de DMAS dijeron que al aplicar este nuevo criterio, la jueza fijó como punto de inicio el 5 de diciembre, fecha de publicación de la modificación, sin considerar cuándo la comunidad tuvo conocimiento real del contenido y los efectos del PDU, a pesar de que este elemento fue determinante en el criterio adoptado previamente.
Sostuvieron que esta situación representa una contradicción jurídica evidente, ya que un mismo acto fue calificado primero como acto administrativo y posteriormente como ley, aplicando plazos distintos para su impugnación. “La naturaleza jurídica de un acto no puede cambiar según el caso, ya que ello vulnera los principios de seguridad jurídica, certeza legal y acceso efectivo a la justicia”.
En este contexto, destacaron las declaraciones de Ari Adler, representante de la empresa promotora del proyecto, quien afirmó “Estamos muy seguros que con el sistema legal en México vamos a obtener esa suspensión y vamos a poder continuar avanzando para poder cumplir con esa fecha, que es abrir el parque en el 2027.”
Desde Salvemos Mahahual, reiteraron que no estamos en contra del desarrollo, pero sí exigen que cualquier proyecto se realice con apego estricto a la ley, coherencia jurídica y respeto a los derechos de la comunidad y al medio ambiente. La ley no debe interpretarse de manera cambiante, ni acomodarse al poder económico o político. Mahahual no pide privilegios. Exige legalidad, justicia y un futuro digno.
