Según el estudio “Los servicios de agua potable en Quintana Roo 1980 – 2023: La verdad plasmada en números”, la entidad tiene las tarifas de agua potable más elevadas de todo el país.
Con datos de 2022, el documento establece que en Quintana Roo la facturación promedio en servicio doméstico alcanzó los 716 pesos, cuando la tarifa promedio nacional es de 88 pesos.
Bajo esta premisa se lanzó una solicitud en la plataforma change.org para recabar firmas y promover un amparo colectivo para que se congelen las actuales tarifas y se fijen cobros más asequibles para la población.
Dicha petición se lanza justo cuando el gobierno del estado defiende en un juicio de amparo la decisión de dar por terminado el pasado 31 de diciembre de 2023 el contrato de concesión con la empresa Aguakan que ha prestado el servicio de agua potable en Cancún, Isla Mujeres y Puerto Morelos y Solidaridad.
Lo que se canceló fue el decreto por el cual en 2014 el entonces gobernador Roberto Borge otorgó a la empresa una ampliación del contrato hasta 2053, ante lo cual Aguakan ha promovido un juicio de amparo que se está ya ventilando en tribunales y por el cual la empresa ha podido seguir prestando sus servicios.
Según el estudio que acompaña la petición, elaborado por el Instituto de Administración Pública del Quintana Roo (Iapqroo), desde el 2012 la tarifa de agua potable en el estado presenta incrementos por encima del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC); así como una mayor tarifa por consumo a la población en pobreza extrema, pues el pago mínimo es el equivalente a 10 metros cúbicos y cuando el consumo es menor, mayor es la tarifa representativa.
La petición añade que la empresa Aguakan y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado han cobrado a los quintanarroenses desde la modificación de la Ley de Cuotas y Tarifas para los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales del Estado de Quintana Roo en 2011, un total de 21,500 millones de pesos acumulados hasta el año 2023, de los cuales 74% han sido para Aguakan
Se señala también que el servicio de agua potable se factura por encima de su costo real y que los volúmenes facturados no entregados al usuario se consideran para el cálculo de las eficiencias de la empresa concesionaria, además de que hay nula intervención municipal en los servicios de agua potable cuando es una de sus facultades constitucionales.
EN otro de los puntos añaden que no se tiene establecida una metodología que permita transparentar el cálculo de las tarifas de agua potable, lo que ha ocasionado que se realicen incrementos indebidos con información parcial.
La petición concluye resumiendo las exigencias más importantes:
- Congelar y cancelar las tarifas de agua potable en todo el Estado hasta conciliar con la ciudadanía una tarifa justa.
- Obligar a las autoridades a conciliar con la ciudadanía la restitución gradual, planeada y programada de la competencia del Artículo 115 constitucional que le obliga a los Municipios a prestar el servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales
- Que se obligue a la empresa Aguakan a restituir a la ciudadanía los más de 16,000 millones de pesos que ha cobrado en sobreprecio por las tarifas autorizadas en el convenio de concesión.
- Transparentar las tarifas de agua potable.
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