Luego de que el Congreso de Quintana Roo anuló la ampliación del contrato de concesión del servicio de agua potable que opera Aguakan en cuatro municipios de la zona norte de Quintana Roo, se inició una batalla legal que ya se dirime en el poder judicial.
La más reciente actualización del tema se generó apenas esta semana, luego de que el Congreso del estado impugnó la suspensión provisional de amparo a favor de Aguakan que dejó sin efectos la cancelación de la ampliación del contrato hasta 2053 que le había sido otorgado a la empresa por el ex gobernador Roberto Borge en 2014.
El Juzgado Octavo de Distrito con sede en Cancún recibió el recurso de queja del Congreso del estado, el cual ya fue remitido a un Tribunal Colegiado para resolverse en estos días.
Este jueves 4 de enero se celebrará la audiencia incidental que decidirá si Aguakan es beneficiado con una suspensión definitiva, lo cual le permitiría a la empresa seguir prestando el servicio de agua potable en tanto no se dicte sentencia definitiva.
La concesión del servicio de agua potable, sin la ampliación otorgada en 2014, venció el 31 de diciembre de 2023, por lo que a partir del 1 de enero de 2024 se abrió un periodo de incertidumbre sobre lo que sucederá con la prestación del servicio en los municipios de Benito Juárez (Cancún), Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad (Playa del Carmen).
La iniciativa fue presentada por Morena en el COngreso de Quintana Roo, luego de que desde 2020 el gobierno federal anunciase que desde entonces analizaban junto con autoridades estatales y municipales de Quintana Roo la posibilidad de revertir la concesión de Aguakan.
“No hay muchas privatizaciones de agua en el país, pero sí hay en seis estados; estamos tratando de trabajar con los municipios y con los estados como por ejemplo sería en Cancún y Aguascalientes, donde la gente está no está contenta. Nosotros estamos brindando asesoría, pero tiene que haber voluntad tanto de los estados como de los municipios para poder revertirla, claro siempre dentro del marco de la legalidad”, expuso la entonces titular de la Comisión Nacional del Agua, Blanca Jiménez Cisneros.
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