El director del Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo), Rodrigo Alcázar Urrutia, compareció ante diputados de la XVII Legislatura para explicar los avances respecto a 49 procedimientos iniciados este año en contra de taxistas por agresiones a conductores y a la sociedad.
De este número resaltó que nueve aún no han iniciado debido a que no se ha logrado contactar a los taxistas agresores, mientras que en otros 19 casos no ha habido respuesta de las autoridades.
“Para que nosotros podamos emitir una sanción sea temporal o la suspensión definitiva de la concesión del servicio de transporte público, necesitamos la resolución proporcionada por la Fiscalía General del Estado de que efectivamente se cometió una falta o un delito, por parte del concesionario o “martillo”, porque nosotros no tenemos ni la facultad ni el personal para llevar a cabo estas investigaciones periciales”, detalló.
Puntualizó que en el caso de Cozumel, por ejemplo, desde hace varios meses la Dirección de Tránsito Municipal aún no ha informado de los avances en cuanto a una turista que fue abusada sexualmente por un taxista.
“En estos casos no podemos obligar a la autoridad correspondiente a que nos den todos los datos de estos casos, para poder iniciar los procedimientos de suspensión precautoria. Si no sucede esto, los taxis involucrados seguirán prestando el servicio porque no tenemos alguna facultad para retenerlos sin el sustento jurídico”, mencionó.
Aclaró que en Cancún, prácticamente tres de cada cinco procedimientos fueron iniciados por hechos que fueron declarados en notas periodísticas, ya que en muy pocas ocasiones hubo denuncias formales ante el Imoveqroo o la Fiscalía.
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