El Gobierno de Quintana Roo, incluyendo todos sus municipios y organismos públicos, estará obligado a indemnizar al 100 por ciento el daño que sufran los bienes de los ciudadanos a causa de la deficiencia de los servicios públicos, ya sea el pésimo estado de las calles, un defecto de obra pública, entre otros.
La Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Quintana Roo establecía, por ejemplo, que en caso de que un vehículo caiga en un bache, sin importar el valor de la unidad o si hubo pérdida total, el estado solo se haría responsable por un monto máximo de 378 mil 651 pesos, tomando en cuenta el valor actual de la UMA.
Casi tres años después de la creación de esa legislación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la Acción de inconstitucionalidad 175/2020 presentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El recurso fue en contra del artículo 14, fracción II, párrafo segundo, de la mencionada ley que establecía como límite para el equivalente a tres mil 650 veces del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, por cada persona que reclame un daño a su patrimonio.
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