El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, enfrenta demandas por parte de las constructoras a las que les quitó los contratos originales del Tren Maya.
El consorcio conformado por Grupo México y Acciona Infraestructuras, quienes tenía a cargo las obras en el trazo original presentaron dos demandas contra el Gobierno federal por la terminación anticipada del contrato el pasado 8 de julio.
El consorcio entregó los trabajos que había ejecutado hasta el 15 de julio y ese mismo día Fonatur firmó un convenio para transferir a la Sedena 30 mil 455 millones de pesos, 71 por ciento más de lo que se iba a pagar a las constructoras privadas canceladas a cargo de la parte sur del Tramo 5 entre Playa del Carmen y Tulum.
La primera demanda del consorcio cancelado fue presentada el 5 de septiembre pasado y en ella se impugna la terminación anticipada, que Fonatur fundamentó en el artículo 60 de la Ley de Obras Públicas.
El 26 de octubre fue notificada una nueva demanda del consorcio, para cuestionar el finiquito con el que Fonatur pretende dar por terminada la relación contractual entre las partes.
Con estos cambios las partes Norte y Sur del Tramo 5, pasaron de costar 31 MDP a 59 mil 603 millones.
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